Por Ignacio Escolar
Cuenta el diario argentino La Nación que el ayuntamiento de Buenos Aires ha tardado cuatro años en dar de baja un sofá extraviado. Han sido necesarios dos organismos municipales, un sumario administrativo, un par de dictámenes técnicos y una resolución publicada en el boletín oficial, con la firma del ministro de Hacienda, para sacar del inventario al protagonista de esta bonita metáfora sobre la burocracia: un “sofa de cuero, tapizado en gamuza color marrón, cuyo valor asciende a la suma de 127 pesos” (unos 24 euros). Nadie sabe qué pasó con él, si lo robaron o se traspapeló. Pero como la Administración es de natural optimista, el sofá perdido ha pasado a la sección de “bienes en desuso”, según explica esta noticia, digna de una canción de Les Luthiers.
Antes de hacer chistes sobre el tópico argentino, conviene repasar el presente español. Aquí la burocracia es aún más lenta. ¿Cuatro años? No. Mejor 53, y sumando. El mueble viejo en cuestión se llama Valle de los Caídos. Después de tres décadas de democracia, una Constitución, cinco presidentes del Gobierno y hasta una Ley de la Memoria Histórica, el monumento todavía sigue regulado por un decreto de 1957. Esa ley franquista, aún vigente, otorga a los monjes que cuidan de la tumba del tirano una casi total independencia administrativa. El Estado paga la fiesta –unos 340.000 euros al año–, pero no fiscaliza después ese dinero público, a pesar de que el mausoleo nos pertenece a todos.
Ayer el Senado pidió al Gobierno que dé un “uso democrático” al monumento. Sólo se opuso el PP, probablemente porque los jueces del Tribunal Supremo no pudieron votar. Con suerte, nos salvará Argentina. Tal vez su burocracia sea lenta, pero al menos su Justicia sí se atreve a barrer bajo las alfombras apolilladas del fascismo.
